El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – monetarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves. Este implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.
El Lavado de Activos (LA) se relaciona mayormente al narcotráfico, pero puede también se puede originar de la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para que se intente legitimarlas.
El lavado de activos puede involucrar diversos riesgos, entre los que destacan los:
Sociales: Cuando de alguna forma, se logra favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito.
Económicos: Al producir distorsiones en los movimientos financieros e inflar industrias o sectores más vulnerables.
Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero.
Reputacionales: Cuando se pierde el prestigio, crédito y/o reputación tanto de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales.
Diagrama de lavado de activos
Cuadro elaborado por: Uaf
¿Cómo se configura el lavado de activos?
En el lavado de activos se identifican tres etapas:
Cuadro elaborado por: Uaf
Prevención del Lavado de Activos:
Para lograr prevenir el lavado de activos, se requiere de una responsable cooperación social y de herramientas integrales para combatir dicho delito. Para ello el gobierno debe promover y aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos adversos del LA y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que requieren las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos.
En muchos países a nivel internacional, incluyen legislaciones que tipifican el LA como delito; facultades para que los organismos competentes puedan investigar, localizar, embargar y confiscar activos procedentes del ilícito; y sistemas para el intercambio de información con agencias similares de otros países, entre otros instrumentos.
Los gobiernos consideran como un aspecto clave para la prevención del lavado de activos la inclusión de todos los actores relevantes para la puesta en marcha de programas nacionales de lucha contra el LA, ámbito en el que el área privada juega un rol fundamental.
Además de ello se suma el seguimiento y evaluación de los sistemas preventivos de los países contrastándolos con estándares internacionales. En ese marco se insertan las evaluaciones mutuas conducidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los organismos regionales adheridos a él, como el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), al que pertenece Perú; además de evaluaciones desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Fuente: Uaf